Nuevo informe global revela la amenaza extractiva sobre territorios indígenas en Guatemala
Nuevo informe global revela la amenaza extractiva sobre territorios indígenas en Guatemala
Un informe publicado hoy por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), Earth Insight y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) advierte sobre una presión industrial y criminal sin precedentes sobre los territorios de los Pueblos Indígenas y comunidades locales de Mesoamérica, incluido Guatemala, donde la expansión minera, la deforestación, el narcotráfico y el despojo territorial están provocando una crisis socioambiental de gran escala que también afecta gravemente a países vecinos como Honduras, Costa Rica y Panamá, donde comunidades enfrentan presiones similares.
El estudio, titulado Territorios de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la Primera Línea: Mapeo de amenazas y soluciones en las mayores selvas tropicales del mundo, revela que 18,7 millones de hectáreas (17%) de tierras comunitarias en la región están bajo concesiones mineras, mientras que otras 3,7 millones enfrentan amenazas vinculadas a proyectos de petróleo y gas.
En Guatemala la presión avanza más rápido que la protección
El informe identifica a Guatemala como uno de los países más afectados por el avance simultáneo de las industrias extractivas y la pérdida acelerada de bosques.
En varias regiones, las comunidades indígenas y rurales enfrentan amenazas combinadas de:
- Minería metálica y proyectos energéticos sin consulta previa.
- Deforestación y acaparamiento de tierras impulsados por redes de narcotráfico.
- Violencia, impunidad y criminalización hacia líderes comunitarios.
- Ausencia de reconocimiento pleno de los territorios colectivos, especialmente en áreas donde los pueblos mantienen sistemas de gestión tradicional.
Petén: un modelo bajo amenaza
El caso de Petén es presentado como una luz dentro del deterioro regional, pero también como una advertencia.
En la Reserva de la Biósfera Maya, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) administra 480.000 hectáreas con una tasa de deforestación de apenas 1,5% en la última década, siete veces inferior al promedio nacional. Sin embargo, el informe señala que este logro no está blindado: la falta de financiamiento directo, las presiones externas y la inseguridad en la zona amenazan la continuidad de este modelo exitoso de conservación comunitaria.
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“Mesoamérica es un corredor estratégico que conecta a las Américas, donde bosques tropicales, montañas, costas y arrecifes convergen en una de las regiones más ricas del planeta en biodiversidad y cultura. Estos territorios también son hogar de una gran diversidad de Pueblos Indígenas y comunidades locales cuyas tradiciones, sistemas de gobernanza y prácticas de cuidado han mantenido el equilibrio de los ecosistemas durante siglos. Hoy ese equilibrio está bajo asedio. Un futuro justo y sostenible depende de reconocer nuestro liderazgo y garantizar los recursos necesarios para proteger el patrimonio vivo de Mesoamérica, no como un favor, sino como una responsabilidad compartida con el planeta”, afirma Levi Sucre Romero, líder de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.
Los principales hallazgos del informe revelan una crisis que atraviesa toda Mesoamérica:
- La minería concentra la mayor amenaza: 18,7 millones de hectáreas (17%) de tierras de Pueblos Indígenas y comunidades locales se encuentran bajo concesiones mineras, lo que representa la presión extractiva más extensa de la región.
- Presiones de petróleo y gas: 3,7 millones de hectáreas de territorios indígenas enfrentan amenazas relacionadas con concesiones de petróleo y gas, incluidas áreas costa afuera que ponen en riesgo ecosistemas marinos críticos.
- Sierra Norte de Puebla (México), un territorio bajo asedio: las concesiones de petróleo y gas abarcan el 20% de las tierras forestales comunitarias, y las concesiones mineras cubren el 14% de los territorios de Pueblos Indígenas y comunidades locales. Cerca de dos tercios de las tierras del ejido Cruz de Ocote están dentro de concesiones mineras con planes de desarrollar minas a cielo abierto. Además, en Sierra Norte de Puebla, más de 90 concesiones mineras sobre 113.000 hectáreas en 31 municipios amenazan los bosques comunitarios.
- Nicaragua registró la mayor pérdida de bosque primario del mundo el año pasado: 78% de esa pérdida ocurrió en la Reserva de Biosfera Bosawas, hogar de la comunidad indígena que en 2001 llevó el primer caso histórico de derechos territoriales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Por qué este informe importa ahora? Camino a la COP30
Publicado en vísperas de la COP30 en Brasil, el informe busca influir en la agenda climática global, demostrando que los derechos territoriales son inseparables de las metas climáticas y de biodiversidad. A pesar de décadas de lucha, la demarcación territorial sigue siendo críticamente insuficiente en la región.
El documento se basa en la Declaración de Brazzaville y articula cinco demandas urgentes:
- Reconocer los derechos territoriales.
- Garantizar el consentimiento libre, previo e informado.
- Financiamiento directo a comunidades.
- Protección de la vida de defensores.
- Integración del saber indígena en políticas globales.
Los mapas e imágenes descargables del informe están disponibles aquí.
Citas de otros voceros expertos — Todas disponibles para entrevistas
Juan Carlos Jintiach, Secretario Ejecutivo de la GATC: “Sin acciones decisivas para hacer respetar los derechos y apoyar la gestión indígena del territorio, la humanidad no cumplirá sus metas climáticas y de biodiversidad. Si el mundo sigue el liderazgo de quienes han protegido estos ecosistemas durante generaciones, existe una ruta viable hacia la regeneración”.
M. Florencia Librizzi, Subdirectora de Earth Insight: “La evidencia es contundente: sin reconocer con urgencia los derechos territoriales, garantizar el consentimiento libre, previo e informado y proteger los ecosistemas que nos sostienen, las metas climáticas y de biodiversidad global no podrán alcanzarse. Es necesario reconocer y amplificar los modelos comunitarios de gestión y gobernanza que ya muestran el camino hacia un futuro justo y regenerativo”.
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