¡Qué Guatemala no se apague!


¡Qué Guatemala no se apague!

Guatemala se encuentra en un momento decisivo para garantizar su futuro energético, según las proyecciones del Informe Estadístico Anual 2024 del AMM, la demanda energética crece entre un 4 % a 7% anual, es decir, el consumo crece más rápido que la nueva generación instalada. Es necesario habilitar proyectos renovables a tiempo, para evitar que el país enfrente un déficit energético que afecte tanto a familias como a sectores productivos.  Esta realidad nos coloca frente a un riesgo evidente: si el país no habilita nuevos proyectos de generación de energía renovable de manera inmediata, podríamos enfrentarnos en el corto plazo a escenarios de racionamientos, apagones y un aumento considerable en el costo de la energía para todos.

La energía no es un lujo, es la base del desarrollo social y económico. En un país donde las distribuidoras atienden a más de 4.2 millones de hogares dependen de un suministro confiable para refrigerar alimentos, prender un foco para estudiar o mantener en funcionamiento un hospital, no garantizar la continuidad eléctrica significa poner en juego la salud, la educación y la calidad de vida de millones de guatemaltecos.

¡Qué Guatemala no se apague!
¡Qué Guatemala no se apague!

Las consecuencias de no actuar no solo serían sociales. También están en riesgo la competitividad de Guatemala y su capacidad para atraer inversión extranjera. En un país donde el suministro eléctrico es incierto o donde los costos energéticos se disparan las inversiones se ven afectadas. En un mundo globalizado, la energía estable y accesible es un requisito básico para generar empleo y crecimiento económico.

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“El llamado es claro, la soberanía energética debe estar por encima de intereses particulares o bloqueos administrativos. Guatemala tiene la oportunidad de convertirse en líder regional en generación renovable. La energía es progreso, y detenerla significa condenar a nuestra gente a un futuro más caro, más frágil y menos justo”, indicó Alfonso González, Presidente de AGER.

Además en Guatemala, aún el 64% de la población total depende del uso de la leña  como fuente de energía para cocinar, según el Instituto Nacional de Bosques, el humo es un asesino silencioso por el impacto negativo en la salud pública.

Para solucionar este problema, se requiere un enfoque integral, es necesario plantear políticas públicas y otras estrategias para que poblaciones con recursos limitados tengan acceso a energía limpia.

El panorama se agrava cuando decisiones arbitrarias de municipalidades también impiden que el desarrollo y la energía lleguen a las comunidades porque los proyectos de generación eléctrica impulsan inversión social en salud, educación y seguridad alimentaria.

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“La energía es un tema de país que nos involucra a todos, y su desarrollo requiere del esfuerzo conjunto de sociedad civil, instituciones, municipalidades así como del sector público-privado. En este sentido, la colaboración de los Gobiernos municipales y sus Consejos resulta clave para facilitar la instalación de proyectos intensivos en capital que, además de aportar certeza y estabilidad al sistema eléctrico nacional, generan beneficios directos para las comunidades, tales como: empleo local, inversión en infraestructura, educación, salud y desarrollo social en general. Ante ello, apostar por plantas de generación renovable contribuye a que los gobiernos municipales se conviertan en promotores de desarrollo de sus municipios, cumpliendo así compromisos adquiridos por las autoridades, que contribuirán con el bienestar general de la población. Además, es apostar por un suministro competitivo y sostenible que fortalece la confianza de los inversionistas, impulsa la economía y garantiza bienestar y desarrollo para todos los guatemaltecos.” concluyó González

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