Misión Internacional de exgobernantes resalta avances democráticos en Guatemala

Misión Internacional de exgobernantes resalta avances democráticos en Guatemala

Al concluir su segunda visita oficial a Guatemala, la Misión Internacional de Observación de exgobernantes democráticos organizada por el Instituto para el Clima, la Democracia y la Inclusión (CDI) emitió un balance positivo sobre la evolución del contexto político del país en el marco de las elecciones de segundo grado realizadas en el primer semestre, destacando un progreso significativo en comparación con el escenario de incertidumbre vivido durante su primera visita en febrero del presente año. No obstante, la delegación advirtió que la consolidación democrática requiere un trabajo por delante, a través de reformas institucionales urgentes y un respaldo internacional que no debe decaer. 

Según compartió Carlos Alvarado Quesada, presidente del Instituto CDI y expresidente de la República de Costa Rica, se está percibiendo un progreso innegable y que, con todas las dificultades enfrentadas durante el proceso, se avanza en la dirección correcta para la consolidación democrática y del Estado de Derecho, lo cual devuelve una dosis necesaria de optimismo al pueblo de Guatemala. Sin embargo, esto no significa que las tareas estén concluidas.  

Urgencia de reformas para postulación 

Uno de los puntos centrales del diagnóstico de la Misión es el consenso generalizado entre diversos sectores guatemaltecos sobre la necesidad de revisar y mejorar el diseño y mejorar el funcionamiento y mecanismos de operación y rendición de cuentas de las Comisiones de Postulación. En este sentido, los exgobernantes señalaron la importancia de evaluar detenidamente las distintas figuras e instancias con incidencia en estos procesos de elección de segundo grado. 

De manera particular, se planteó analizar el rol actual de la representación universitaria en las postulaciones, en particular los problemas que todos los sectores señalaron en el accionar de la Universidad San Carlos (USAC), así como en la injustificada proliferación de nuevas universidades sin verdadero respaldo académico. Lo anterior, con el objetivo de salvaguardar el espíritu constitucional y asegurar la máxima idoneidad académica y ética en los cargos. La Misión sugirió que el marco legal contemple criterios técnicos y requisitos específicos para las facultades de ciencias jurídicas y de auditoría. 

En el intercambio con diversos sectores de la sociedad guatemalteca quedó claro que el actual diseño de los sistemas de postulación y representación ha llevado a un excesivo corporativismo en la integración de órganos fundamentales, que ha distorsionado significativamente el espíritu original de las normas constitucionales y legales.

Alivio institucional y descriminalización 

La delegación internacional también identificó un ambiente de “alivio” generalizado, atribuido a una progresiva disminución de la persecución judicial por motivos políticos y una apertura en dinámicas respetuosas de un Estado de Derecho por parte del nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, lo cual contrasta con la inaceptable situación que se vivía bajo su antecesora Consuelo Porras, quien fue sancionada por la comunidad internacional.   

Este cambio, se percibe como un paso crucial hacia procesos judiciales más equilibrados y como una oportunidad para el retorno de actores que hoy se encuentran en el exilio y para que los casos judiciales existentes evolucionen de manera apegada a las normas objetivas de un Estado de Derecho. 

La Misión tuvo oportunidad de visitar en la prisión Mariscal Zavala a líderes indígenas privados de libertad como consecuencia de las acciones de Porras, como los señores Luis Pacheco y Héctor Chaclán (ver foto adjunta), y expresó su convicción de que deben respetarse sus derechos a que los procesos en su contra se manejen a nivel judicial con estricto apego al Estado de Derecho.

En contraste con los avances en otros ámbitos, se percibió en los intercambios una preocupación generalizada porque la integración de la Corte de Constitucionalidad no reflejó los más altos estándares de idoneidad profesional y personal en la mayoría de los casos.

En el caso del Tribunal Supremo Electoral los sectores muestran mayor optimismo en que podrá estar a la altura de los desafíos que tendrá a su cargo en el próximo año electoral, así como en el año 2031, pero mantienen un cuidadoso escrutinio sobre las señales que envíe a la sociedad en su accionar venidero.

Fortalecer el diálogo con la sociedad civil 

Finalmente, los exgobernantes destacaron la fuerza de la sociedad civil guatemalteca como un contrapeso democrático extraordinario, y que ha sido clave para los avances en la consolidación democrática durante estas elecciones de segundo grado. La Misión rindió un homenaje por su positiva contribución a los liderazgos ciudadanos y a las autoridades ancestrales guatemaltecas, cuyo sacrificio y resistencia durante las crisis pasadas cobran sentido al ver hoy defendida la institucionalidad democrática. 

Precisamente por ese papel positivo de las organizaciones de la sociedad civil, la Misión recomienda la creación de canales permanentes de comunicación para un diálogo efectivo entre el Estado y la ciudadanía. “Es importante mantener abiertas las puertas a la participación de la población en procesos fundamentales para la salud democrática y para ello es clave construir mecanismos de diálogo horizontales, verticales y estables“, concluyó Alvarado, recalcando que las fórmulas definitivas de solución corresponden soberanamente al pueblo de Guatemala. 

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Los integrantes de la Misión resaltaron de un modo especial la moderación y buen juicio con el que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha conducido en un proceso democrático con muchos desafíos, así como su compromiso con el respeto pleno a las normas del Estado de Derecho. 

 Esta Segunda Misión Internacional de observación liderada por CDI estuvo compuesta por los expresidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), la expresidenta constitucional y exvicepresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga Serrano (2016-2018) y el exvicepresidente de Colombia, general (R) Óscar Naranjo Trujillo. 

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